La
eliminación del supuesto del aborto eugenésico, tal y como pretende la reforma
de la ley de interrupción del embarazo que el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, presentará antes de abril , evitará al menos la muerte de 3.590
bebés, la cifra de interrupciones de embarazo que se produjeron en España en
2011, según los datos de Sanidad. El aborto eugenésico engloba a los fetos con
síndrome de Down, que representan el 60 por ciento del total, los que tienen
una enfermedad grave e incurable (como es el caso de las cromosopatías o
malformaciones congénitas) o el riesgo de graves anomalías fetales
incompatibles con la vida. Para estos casos, hasta ahora se podía esperar hasta
la semana 22 para practicar el aborto.
Estos
supuestos, que parecen claramente diferenciados, suponen un «coladero» para
justificar interrupciones voluntarias del embarazo, según denuncia Esteban
Rodríguez, portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir. En opinión de Rodríguez,
el «coladero» de la ley anterior –que permitía abortar a las mujeres que
alegaran problemas psicológicos derivados de su embarazo o por el futuro
nacimiento– se ha sustituido por el supuesto eugenésico, «bajo el que se están
practicando abortos de manera indiscriminada».
«Esta
realidad ha ido en aumento en los últimos años debido al número de pruebas de
cribado diagnóstico realizadas, que se ha incrementado de forma notable»,
indicó. Así, se ha pasado de los 2.901 del año 2005 a los más 3.350 de 2.011.
«La
consecuencia del aumento de pruebas para detectar cromosopatías o posibles
malformaciones del feto ha terminado en aborto en el 80 por ciento de los casos
en los que fue detectado un posible caso de síndrome de Down», dijo Rodríguez.
El
portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir reclamó la elaboración de una
ley que defienda la vida, no que regule el derecho al aborto. «La cultura de la
muerte se ha instalado en nuestra sociedad y se ha banalizado. Sin embargo, se
debería dejar a cada profesional que trate a su paciente y tome decisiones en
función de criterios médicos. Esto quiere decir que si una mujer tiene un
problema de preclamsia grave,por ejemplo, hay que tratarla y en el caso de que
haya que extraerle la placenta para salvar su vida, se hará. ¿Esto es un
aborto? No. Es una decisión médica que acaba con la muerte del feto, pero no se
necesita una ley para regularlo. Para eso está la deontología y el desarrollo
profesional de los médicos», concluyó.
Uno
de los aspectos más polémicos de la futura ley será intentar elaborar una serie
de supuestos que permitan abortar en determinadas situaciones avaladas por
profesionales y que no se produzcan abusos como hasta ahora.
Daño
psicológico
Por
ello, uno de los objetivos es acabar con el supuesto de daño psicológico en la
mujer. En este punto Gallardón pretende que la nueva norma ponga sobre la mesa
la existencia de un conflicto entre el nasciturus y los derechos de la madre.
Hasta ahora, defiende el ministro, se está aplicando un criterio
inconstitucional porque la ley de plazos deja en una «desprotección absoluta al
nasciturus al permitir la no viabilidad de su proyecto de vida sin acreditar la
existencia de un conflicto». «Yo creo que el mismo nivel de protección que se
dé a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a
aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tiene el
resto de los concebidos», opinó. Queda por ver la manera en la que se resuelve
este aspecto pero el titular de Justicia tiene claro que «la experiencia nos
demuestra que algunos de los supuestos de la ley de plazos deben ser
revisados».
La
indefensión del nasciturus a la que se refiere el ministro queda patente en las
cifras absolutamente demoledoras del aborto durante 2011. De enero a diciembre,
se interrumpieron más de 118.000 embarazos, de los que el 90 por ciento se
produjeron durante las primeras 14 semanas de gestación, periodo para poder
abortar libremente aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en
su primera Legislatura. Los datos durante su mandato son clarificadores. En los
ocho años al frente del Ejecutivo, se ha instalado una cultura del aborto libre
en la sociedad que se ha traducido en un incremento de las interrupciones
voluntarias del embarazo de 84.985 a 118.359, lo que supone un incremento del
39 por ciento. Dicho de otra manera, el último año de Zapatero al frente del
Gobierno, se produjo un aborto cada cuatro minutos. De salir adelante la
ambiciosa propuesta de Gallardón, el aborto quedaría reducido a la mínima
expresión y la tasa de interrupciones por cada 1.000 mujeres caería del 11,49
actual a menos de un uno por ciento.
Otra
de las medidas que han contribuido a la «normalización» del aborto ha sido la
dispensación de la píldora del día después. Desde su aprobación en el año 2009,
se han dispensado más de dos millones de unidades. La dispensación sin receta
del fármaco, que fue «vendido» desde el Ministerio de Sanidad como una medida
que evitaría embarazos no deseados, ha contribuido a normalizar el aborto como
recurso y ha disparado las cifras de interrupciones y el negocio de las
clínicas abortistas, que ronda los 60 millones de euros anuales.
Otro
de los objetivos de la próxima ley que prepara Justicia es permitir los abortos
en casos de violación y evitar que las menores de edad puedan acudir a una
clínica sin el conocimiento de sus padres.
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