Ante
la cumbre de ministros de Salud de la UE que se celebra este lunes y martes en
Milán, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) y el Foro Español de
Activistas en Tratamiento del VIH (FEAT) han pedido al Ministerio de Sanidad
que defienda el acceso universal al tratamiento de la hepatitis C en la UE.
"El
número de muertes por el virus de la hepatitis C (VHC) en la UE en 2010 era ya
de 57.000 y se espera que aumente exponencialmente si no se actúa. Además, el
elevado número de personas con VIH coinfectadas por hepatitis C refleja la
necesidad de un compromiso urgente por parte de los ministerios de Sanidad para
asegurarles tratamiento", ha afirmado Juan Ramón Barrios, presidente de
CESIDA en un comunicado.
CESIDA
y FEAT se han sumado al llamamiento de otras organizaciones, como la World
Hepatitis Alliance o Aids Action Europe, que han reclamado tanto a los
responsables de Salud de la UE como a los laboratorios Abbvie, BMS, Gilead,
Janssen y Merck/MSD que "alcancen los acuerdos precisos para garantizar el
acceso universal al tratamiento".
En
los últimos años, la investigación ha arrojado al mercado varios fármacos antivirales
que permiten curar la enfermedad en un altísimo número de casos, tienen pocos
efectos secundarios adversos, y son útiles en los distintos tipos y fases de la
enfermedad. Estos medicamentos, además, hacen posible dejar atrás los largos y
no siempre efectivos tratamientos que exigía el patrón de medicación estándar
hasta la fecha, que se basaba en una combinación de inyecciones y pastillas a
base de interferón, ribavirina (un antiviral) y un inhibidor de la proteasa.
Pero, pese a las ventajas, estos medicamentos no están llegando a los pacientes
por un problema de dinero.
Dos
de los tratamientos avanzados, sofosbuvir y daclatasvir ya se emplean en España
en los casos más graves, es decir, en pacientes que están en lista de esepra
para un trasplante o han sufrido una recaída tras haber recibido un nuevo
órgano. Pero, para estos casos es necesaria una autorización especial, que no
siempre se concede.
En
este sentido, los pacientes reclaman que se eliminen estas trabas burocráticas
y que la terapia esté también disponible para los pacientes que no padecen una
enfermedad tan avanzada. Pero el alto precio de los fármacos (hasta 60.000
euros por paciente en el caso de sofosvuvir) está frenando su llegada al
mercado.
El
papel de la industria
Además
de hacer un llamamiento a Sanidad, CESIDA y FEAT, entre otros organismos,
reclaman la cooperación de la industria farmacéutica. "Siendo conscientes
de la inversión e innovación en el tratamiento para la hepatitis C hecho por
las empresas farmacéuticas, las organizaciones europeas piden a estas que
mantengan con urgencia negociaciones para garantizar el acceso a los
tratamientos más avanzados para las personas con hepatitis C, y que estos sean
llevadoa a cabo de manera que sea sostenible y asequible para los diferentes
sistemas sanitarios de Europa, de acuerdo a sus capacidades individuales y
teniendo en cuenta las restricciones financieras generalizadas a las que hacen
frente".
Como
sugerencia, los afectados indican que "el reciente sistema de
adquisiciones que permite adquirir de manera conjunta entre países también
medicamentos para el VHC puede ser una vía para facilitar el acceso a
medicamentos de manera asequible".
Sin
embargo, a renglón seguido también indican que si todas las negociaciones de
buena fe fracasan, "la última opción es que los países tendrán derecho a
usar las licencias obligatorias".
Hace
apenas unos días, la compañía Gilead anunció el que había llegado a un acuerdo
con siete empresas de medicamentos genéricos en la India con el objetivo de que
sofosvubir (Sovaldi), sea más asequible en países en desarrollo, como Honduras,
Vietnam y Sudáfrica.
En
la última reunión de los ministros europeos de Sanidad, Francia hizo un
llamamiento para exigir una rebaja del medicamento, tras lo cual se produjo un
'pool' de 15 países de la UE que intentaron así reforzar su postura en la
negociación con la industria farmacéutica. La iniciativa, sin embargo, fue
paralizada y postpuesta en julio por Bruselas.
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