El
Gobierno se ha mostrado dispuesto a regular los cigarrillos electrónicos
equiparándolos a la compra y consumo del tabaco, según se desprende de una
respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de CiU, Lourdes Ciuró.
La
nacionalista catalana se interesaba entre otros puntos por las medidas que
tiene previsto emprender el Gobierno en cuanto a la compra y consumo de
cigarrillos electrónicos por parte de los menores, ya que actualmente no está
regulado, y los menores de 18 años pueden comprar este tipo de productos.
Así,
el Ejecutivo reconoce que estos productos no cuentan con una regulación
sanitaria específica y se les vienen aplicando distintas leyes en el ámbito de
la UE, que no guardan relación con la regulación de productos del tabaco
propiamente dicho.
Además,
el Gobierno da apoyo a lo adoptado por el Parlamento Europeo el pasado 9 de
octubre, de forma que dichos cigarrillos electrónicos deben regularse como
productos de tabaco en la nueva directiva sobre esta materia, lo que permitirá
una "evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia que permitirá
tomar medidas sobre el conocimiento real de los productos".
A
su vez, el Gobierno reconoce que son "productos considerados problemáticos
al no haber sido evaluados por las autoridades en ningún país", lo que ha
llevado al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el
Control del Tabaco a crear un grupo de trabajo para determinar los componentes
añadidos a dichos productos y la composición de los humos.
De
hecho, CiU ha pedido ya al Gobierno en una proposición no de ley en el Congreso
que realice las modificaciones legislativas pertinentes para regular la
comercialización y consumo de los llamados cigarrillos electrónicos, así como
la elaboración, junto con las comunidades autónomas, de campañas divulgativas y
educativas sobre su uso y posibles consecuencias para la salud.
Según
apuntan, los estudios son "contradictorios e insuficientes" y
expertos en salud pública aseguran que estos cigarrillos contienen sustancias
como el glicerol o el propilenglicol, que pueden ser cancerígenas.
Además,
señalan que miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
han advertido recientemente que este tipo de cigarrillos contienen algunas
sustancias idénticas a las que llevan los cigarrillos convencionales y en
consecuencia pueden causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a
los que se producen al fumar tabaco normal.
Por
otro lado, los nacionalistas catalanes indican que tampoco está certificado,
como alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, que sirvan para
lo que los usa mucha gente: abandonar el hábito de fumar.
A
nivel normativo, CiU insiste en que no hay directiva común, aunque Europa ya
prepara una que tardará tiempo en hacerse efectiva ya que por ahora sólo hay
una propuesta de la Comisión que debe pasar por el Consejo y el Parlamento
Europeo.
No
obstante, ha indicado que el Reino Unido ha anunciado que a partir de 2016 este
producto será tratado como un medicamento, con todas las pruebas previas y
requisitos que esto supone, mientras que Francia decretó a finales de mayo la
prohibición de su uso en los lugares en los que no se puede fumar tabaco.
Italia anunció recientemente que lo quiere prohibir en las escuelas.
Precisamente,
el PSOE también ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir la
regulación de estos cigarrillos, según informaron a Europa Press en fuentes
parlamentarias, dado que son dispositivos con forma de cigarrillo convencional
que liberan determinadas dosis de nicotina, sin mediar combustión sino a través
de un proceso de calentamiento electrónico de la nicotina.
Según
denuncian los socialistas, la nicotina es un producto adictivo de consumo
humano, por lo que su uso debe estar regulado. Su situación legal en la Unión
Europea es poco clara, ya que no es un producto de tabaco, pero tampoco ha
pasado los filtros de los productos farmacéuticos, a pesar de contener
nicotina.
No
hay normativa en España
En
el caso de España avisa de que este vacío legal permite su compra en centros
comerciales, en tiendas especializadas o a bordo de un avión de una compañía
'low cost'.
"No
hay ningún tipo de normativa sobre su consumo en lugares públicos, se pueden
ver jóvenes fumando cigarrillos electrónicos en las bibliotecas. Es más, ni
siquiera se prohíbe su venta a menores. En conclusión, esta falta de regulación
permite estar comercializando productos que contienen nicotina sin autorización
ni control previo", lamenta CiU en este sentido.
Esta
misma semana se conocía un estudio por el que el 90 por ciento de los fumadores
ha dejado de fumar tabaco por completo gracias a la utilización del cigarrillo
electrónico, según un estudio realizado por la Universidad de East London, en
Reino Unido.
Unos
datos que, según ha señalado la Asociación Nacional Española de Vapeadores
(ANEV), si se extrapolan a España muestran que el cigarrillo electrónico podría
ayudar a evitar cerca de 45.000 muertes anuales en España.
A
falta de una regulación en vigor y las dudas que pesan sobre su efectividad, la
Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha distribuido
esta misma semana una instrucción sobre el uso del cigarrillo electrónico en
centros sanitarios, centros docentes y centros dependientes de bienestar
social, en cuyos espacios se desaconseja su utilización. La instrucción está
motivada por el principio de precaución previsto en la Ley de Salud Pública.
No
obstante, desde la Generalitat catalana se ha ido más allá y,a finales de
noviembre, la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat), organismo de la
Generalitat, anunció su intención de adaptar los cigarrillos electrónicos a la
Ley Antitabaco vigente, para lograr durante 2014 que no se puedan fumar en
ningún espacio cerrado público o privado, con un anteproyecto de ley que se
debatirá en el Parlament.
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