En caso de desatención médica en la sanidad pública solo cabe denunciar. El ministerio no actúa de oficio cuando a un enfermo crónico se le niegan recetas o el acceso al especialista en una región ajena a la suya. Para iniciar el proceso contra las comunidades que incumplan la ley -que obliga a prestar la misma atención a los ciudadanos estén o no empadronados en esa autonomía- necesita una reclamación por un caso concreto. José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, aseguró ayer que el ministerio no tiene constancia de que se estén produciendo estas vulneraciones de la ley en algunas comunidades. Afirma que no han recibido ninguna denuncia directa. Y sin ellas, explica, la alta inspección -el organismo encargado de evitar desigualdades entre regiones- no puede actuar.
Los casos, sin embargo, existen. Ya el Defensor del Pueblo en su último informe (de 2010) hablaba de varias denuncias contra los servicios de salud de autonomías como Andalucía o Comunidad Valenciana por parte de enfermos a quienes se les negaron las recetas o la cita con el especialista. También los defensores autonómicos -por ejemplo el de Navarra- han emitido dictámenes sobre este asunto a raíz de denuncias de pacientes. En ellos, se recuerda que la atención a los desplazados -consultas, pruebas, medicación financiada- debe correr a cargo de la comunidad de destino, y que debe prestarse en igualdad de condiciones que la de los ciudadanos de origen. El fondo de cohesión sanitaria -unos 100 millones de euros de los 60.000 dedicados a Sanidad- no incluye la atención al turista nacional.
El propio ministerio tuvo que intervenir el año pasado en el conflicto creado entre Aragón y Cataluña cuando esta última exigió a los aragoneses que compraran los medicamentos en las farmacias y después reclamaran el importe al Gobierno de Aragón.
"No es la primera vez que los ciudadanos tienen problemas para que se les atienda en otra comunidad distinta de la suya", asegura Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Y la situación se agrava con la crisis. La deuda de más de 15.000 millones de euros con proveedores sanitarios ahoga a las comunidades, que recortan por donde pueden. Y la tijera llega a la atención a los desplazados. Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, ha recibido denuncias de pacientes por ese motivo. Una de las últimas, la de un aragonés que después de ser atendido en un hospital catalán recibió la factura.
También Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), relata que ayer mismo recibió la denuncia de un hombre al que se le había negado la asistencia médica en Torrevieja (Alicante). "Se me rompió la silla y me arañé con un hierro oxidado, por lo que era necesaria la vacuna antitetánica", explica el afectado. Acudió al hospital de Torrevieja con el DNI -no llevaba la tarjeta sanitaria- y no le atendieron. Llamó al 112 y le aseguraron que tenía derecho a que le viera un médico, pero en otros dos centros tampoco quisieron tratarle, asegura el hombre en su carta a la FADSP. "Denuncié en hojas de reclamaciones, pero la Comunidad Valenciana es juez y parte y me ha contestado con vaguedades inaceptables", añade. Al final esperó a llegar a Madrid para que le vacunaran.
Sánchez-Bayle asegura que eso es lo que hacen muchos ciudadanos: esperan unos días y se tratan en sus municipios. De ahí que apenas trasciendan las quejas. Si las hay, suelen quedarse en los hospitales o los ambulatorios donde encontraron la negativa. Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, cree que no hay más denuncias directas porque los ciudadanos desconocen sus derechos. "La alta inspección debería investigar, comprobar a cuántos ciudadanos afectan estas prácticas e instar a las comunidades a corregirlas", asegura Sánchez-Bayle. Y actuar de oficio. "Que no reciban quejas es una verdad relativa. Los medios lo han denunciado suficientemente; incluso hay circulares de la Generalitat de Cataluña dando instrucciones que no deberían dar", añade.
El secretario general de Sanidad explica que el mecanismo de la Alta Inspección se activa cuando se recibe alguna denuncia. "Además, el enfermo puede reclamar en los tribunales, y más aún si hay algún efecto negativo para su salud. La ley le ampara pero debe haber una denuncia concreta", esgrime Martínez Olmos.
Algunas autonomías, como Madrid, Murcia o la valenciana, que reciben a muchos desplazados, han pedido varias veces en el Consejo Interterritorial que se cree algún mecanismo de compensación para paliar los gastos que les suponen los turistas nacionales. Un portavoz de Sanidad de Murcia reconoce que los veraneantes suponen un sobrecoste "importante". Unos 130.000 enfermos de fuera (sin contar con los extranjeros, cuyos gastos sí se cubren) recibieron atención sanitaria en Murcia entre julio y agosto del año pasado. Esa región gastó en recetas de desplazados más de 3,6 millones de euros en 2010.
"Todos los veranos reforzamos en unas 200 personas el personal de atención sanitaria, sobre todo en las zonas costeras. Se hacen más intervenciones, más pruebas y eso supone más gastos", argumenta el portavoz murciano. "Debería haber un fondo de compensación, sobre todo para las autonomías con más presión asistencial", añade.
Una opinión que comparte Madrid, que cree que ese mecanismo debería establecerse entre regiones. "Pedimos un sistema de compensación, que se contabilicen las atenciones a los desplazados y que se compense por ellos", explica una portavoz de la consejería de Sanidad. "Por ejemplo, si Madrid -que asignó 280.000 tarjetas sanitarias temporales a desplazados en 2010- atiende a 10 enfermos de fuera y el resto de autonomías atendieron a ocho de Madrid, que se nos pague por esos dos de más atendimos".
Ana Pastor, responsable de Política Sanitaria del PP, cree que uno de los grandes problemas es que no hay datos del coste de la atención a los ciudadanos desplazados. "En ocho años, Sanidad no se ha molestado en difundirlos o analizarlos. Hay que hacerlo, y si se observa que hay algunas regiones perjudicadas porque reciben muchos más pacientes, habría que tomar decisiones", sostiene. Una fórmula podría ser revisar el fondo de cohesión para incluir a los turistas nacionales. Algo que ya estuvo sobre la mesa, respaldado por IU, cuando se intentó firmar un pacto por la sanidad.
El argumento de algunas comunidades de que la atención de los no empadronados supone un sobrecoste no les exime de afrontarlo. No hacerlo es una vulneración clara de la ley.
El ministerio, de momento, no baraja modificar el mecanismo actual. "Cuando se hizo el traspaso de competencias ya había turismo y las comunidades firmaron y aceptaron las condiciones", argumenta Martínez Olmos. De haber cambios, "debería plantearse la compensación entre comunidades", opina.
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