ONG, científicos, juristas y expertos
en políticas públicas de todo el mundo se han unido para llevar a cabo un plan
de acción que culmine en una estrategia internacional, que se desarrollará a
nivel multidisciplinar, y que tendrá como objetivo aumentar el control
legislativo de las sustancias tóxicas y sus efectos ambientales y sobre la
salud.
"Queremos desarrollar un plan de
acción para concretamente saber en qué punto de control están temas como la
nanotecnología, transgénicos, químicos, pesticidas o contaminación electromagnética;
para abordar y crear una estrategia de acción para mejorar la política pública",
ha explicado a Europa Press la directora de la Organización para la Defensa de
la Salud, Irina de la Flor, quien ha destacado la participación Greenpeace.
Para ello, se van a organizar varios
grupos de acción con expertos de cada tema para saber exactamente dónde se
encuentra la legislación actual; en qué punto se halla la información científica
sobre estas sustancias, y si está siendo utilizada eficientemente; y, además, cómo
está el estado de la evaluación de los riesgos.
En este sentido, De la Flor ha alertado
de que en el mundo científico se está produciendo un contrasentido con las
investigaciones que, tras un largo proceso de desarrollo, se ponen en marcha
sin una evaluación de riesgos, muchas veces porque "es imposible".
Para solventar esto, añade, "se crean leyes y políticas públicas en torno
a incertidumbres".
Esta experta ha denunciado que el
control mundial de las sustancias tóxicas "está muy mal", por eso se
hace necesario el desarrollo de ésta estrategia internacional, mediante la que
se pretende hacer llegar al público "los riesgo reales" de muchas de
las sustancias tóxicas que rodean a la población, ya que, añade, "se sabe
que los Gobiernos no están informando de los riesgos a los que la población está
siendo expuestos".
Ya se han puesto en contacto con un
experto legalista estadounidense para conocer cómo deben desarrollar las
acciones comunes, y, por el momento, les han aconsejado que basen sus
reivindicaciones teniendo en cuenta la legislación americana más que la
europea, ya que, explica de la Flor, "en Europa no hay suficientes
instrumentos legales potentes para hacer responsables a las industrias de las
catástrofes que han hecho, hacen y se van hacer con daños en la salud pública y
medioambiente".
El coordinador científico de la Red
Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER),
Hartmut Meyer, ha admitido que son necesarias "normas y leyes sobre cómo
utilizar los resultados de los estudios científicos y cómo controlar las
sustancias químicas, pero eso sólo se conseguirá si hay una mayor presión por
parte del público".
Así, durante el próximo año se
pretenden desarrollar los contenidos de cada grupo de trabajo con expertos, de
modo que, de cara al futuro, se pongan en marcha estrategias y campañas con
acciones mensuales, trimestrales y anuales. No obstante, los planes de acción
estarán "siempre activos" teniendo en cuenta la amplitud de las
sustancias y la aparición de nuevos productos en el mercado.
Uno de los principales escollos para
conseguirlo radica en la presión que ejerce la industria, explica Meyer,
"porque cuando un gobierno o incluso la Unión Europea se proponen prohibir
una sustancia química concreta, eso tiene un gran coste para la industria, así
que en muchos casos nadie está interesado en prohibir esa sustancia".
Esta iniciativa se pone en marcha
coincidiendo con Conferencia Internacional sobre Riesgos en la Salud Pública y
el Medio Ambiente, organizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA,
por sus siglas en inglés), la European Network of Scientists for Social and
Environmental Responsibility (ENSSER) y la Organización para la Defensa de la
Salud, que se desarrolla hasta este viernes en Madrid. Precisamente, espera
evaluar la estrategia internacional realizada hasta ese momento y comprobar los
objetivos cumplidos.
Este encuentro que pretende hacer
llegar al público además "servirá para discutir y resolver los complejos
problemas que se están planteando frente a las nuevas innovaciones científicas
que se están desarrollando", que, según De la Flor, es un debate que no se
produce en los organismos sanitarios reguladores.
UN EJEMPLO: EL BISFENOL A
Un ejemplo claro de la situación legal
mundial es el bisfenol A, una sustancia estrogénica presente de forma habitual
en los plásticos, que está presente en el organismo de la totalidad de la
población y sobre el que hay más de cien estudios, de los cuales una amplia
mayoría desaconsejan su utilización, advierte Nicolás Olea, catedrático de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
"El 100 por cien de las mujeres
embarazadas del tercer trimestre en España y el 95 por ciento de los niños de 4
años orinan todos los días bisfenol A, además de otros 17 residuos tóxicos",
ha explicado a Europa Press, al tiempo que ha recordado que la industria se
aferra a que los niveles son muy bajos.
La cuestión, para este experto, es
saber por qué siempre los informes de la industria son más validos que los de investigadores
independientes; asimismo, lamenta que se afirme una mala práctica investigadora
para "ganar tiempo" y que estas sustancias no sean ilegales.
No obstante, esto ha servido para saber
que las bajas dosis son difíciles de concretar a la hora de controlar, y que
falta una regulación que controle el efecto combinado de las bajas dosis de las
distintas sustancias toxicas, ya que, actualmente, no existe legislación al
respecto.
Sin embargo, en la población, lo normal
es que el organismo asimile diferentes porcentajes de sustancias tóxicas.
"Mientras que esto no sea tenido en consideración el sistema de control es
un fracaso, una realidad a medidas al considerar exposiciones individuales y no
combinadas", ha añadido.
El caso del bisfenol A es un ejemplo
claro de lo que ocurre con muchas otras sustancias tóxicas. En caso concreto,
llama la atención ya que la Unión Europea decidió prohibir, a partir de marzo
de 2011, este compuesto químico por precaución. Su eliminación futura del resto
de productos, según este experto, "dependerá del tiempo que considere el
que hizo la inversión industrial en que ha recuperado los beneficios
prometidos".
El censo de sustancias químicas
registrado en la Unión Europea es de 135.000 compuestos, y es que hay que tener
en cuenta que las sustancias tóxicas están presentes en todo tipo de productos
de uso cotidiano y en la práctica totalidad de las ocasiones los ciudadanos
desconocen completamente la composición de dichos productos, sus mecanismos de
acción y sus efectos en la salud.
"De ellos hay estudios toxicológicos
en menos de un 20 por ciento, y estudios completos en no más de 20
sustancias", explica el científico Nicolás Olea, quien subraya la
importancia de actuar con cautela ante esta situación, puesto que puede tener graves
consecuencias para nuestra salud.
Los factores ambientales, según Olea, son los
responsables del 90 por ciento de los cánceres, de la actual proliferación de
alergias, de multitud de problemas de salud reproductiva, etc. "Lo peor es
que la clase médica tampoco es consciente de estos riesgos. Para los
profesionales de la salud éste es un asunto totalmente desconocido, tan lejano
como está la agricultura ecológica de los médicos de cabecera", añade.
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