Uno de los puntos fuertes de la reforma sanitaria consensuada entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas es el que hace referencia a los fármacos. Tras la reunión del Consejo Interterritorial que ha adoptado un paquete de medidas para "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario", la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado que el pasado año se destruyeron 3.700 toneladas de medicamentos caducados o no utilizados. Evitar este "despilfarro", insiste Sanidad, ahorrará más de 1.000 millones de euros anualmente.
Mato ha subrayado que España "es el segundo consumidor mundial de medicamentos". Un informe de la Sociedad Española de Administración Sanitaria y Salud Pública (SESPAS) presentado a principios de mes señala que el número de recetas ha pasado de 764,9 millones en 2005 (17,3 por habitante) a 957,9 millones en 2010 (20,4 por habitante).
Para reducir este "despilfarro", Gobierno y CCAA han acordado ajustar los envases a la duración del tratamiento, una medida que ya quiso poner en marcha el anterior ejecutivo cuando el pasado mes de diciembre, el Consejo Interterritorial presidido por la entonces ministra de Sanidad Leire Pajín acordó esta adecuación del tamaño de los envases.
Según las cifras presentadas entonces, esta forma de dispensar fármacos, que ya está vigente en varios países europeos, así como en EEUU permitiría un ahorro de 300 millones anuales (el 2% del gasto farmacéutico).
Aumentar el copago
Además, el Consejo Interterritorial ha aprobado "medidas disuasorias" que consisten en aumentar el copago que los españoles hacen por los medicamentos. Los trabajadores en activo que ganen más de 18.000 euros al año abonarán el 50% del valor del fármaco y las rentas más altas (más de 100.000 euros) el 60%, frente al 40% actual.
Quedarán exentos los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación por desempleo y los que reciben una renta de inserción. Los jubilados deberán pagar el 10% del valor del medicamento, con un tope de ocho euros mensuales para las pensiones por debajo de 18.000 euros anuales, y de 18 euros al mes, para los pensionistas que cobran más de 18.000 euros.
Todas estas medidas, según Sanidad, no son recaudatorias sino "disuasorias" y están encaminadas a racionalizar el gasto farmacéutico y a evitar el malgasto que se hace en nuestro país y que se traduce en la destrucción anual de 3.700 toneladas de fármacos, que suponen más de 1.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 10% del gasto total.
Discrepancias en el sector
Sin embargo, fuentes de SIGRE han asegurado a ELMUNDO.es que "no todo lo que se recicla son medicamentos", por lo que el coste atribuíble a ese malgasto sería inferior a los 1.000 millones (un 10% del gasto farmacéutico total) anunciados por el Gobierno y las CCAA.
"Aproximadamente, entre un 15% y un 18% de lo que se recoge no tiene nada que ver con un fármaco. Son productos de parafarmacia, cosmética, radiografías, termómetros, etc. -aseguran desde SIGRE-. El resto son envases, que pueden estar vacíos o semivacíos. Y, además, sólo la mitad, según nuestros cálculos, son medicamentos financiados por la Sanidad".
Desde el SIGRE, subrayan además que "España está en un nivel medio-bajo de recogida de fármacos", en comparación con el resto de Europa, según la Agencia Europea de Medioambiente. Cada año se comercializan en nuestras farmacias más de 100.000 toneladas de medicamentos (financiados o no), de las que menos de 3.700 acaban en estos puntos de reciclaje.
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