Los laboratorios levantan la voz ante la perspectiva de aguantar otro año de impagos de los pedidos de los hospitales de la sanidad pública. Una vez conocidos los presupuestos autonómicos, fuentes del sector calculan que, salvo medidas excepcionales, la deuda de las comunidades por los medicamentos que compran para los hospitales subirá por lo menos otro 30%. Ello situaría el importe de impagados en unos 8.300 millones de euros, poco menos del suministro de dos años. Y, ante esta situación, las grandes empresas no están cruzadas de brazos.
El pistoletazo de salida lo dio Roche, la que más vende. Actualmente, según fuentes de la compañía, la deuda de las Administraciones con la firma es de 1.000 millones de euros (600 millones de la división de fármacos y 400 de la de diagnósticos). “Para la compañía es inviable que la deuda siga aumentando. Si los hospitales no regularizan sus pagos o si no se alcanza un acuerdo sobre el cobro de la deuda pendiente, se implantará el pago al contado, que consiste en que los hospitales podrán seguir comprando medicamentos de Roche, pagando en el momento en lugar de a crédito como se hacía hasta ahora”, afirman fuentes de la firma. Por el momento, solo se ha llegado a esa situación en un caso, el hospital Provincial de Castellón.
El previo pago no es la única posibilidad. “Roche ha modificado su política comercial con algunos hospitales en España, pidiendo pago por adelantado o revisando y fijando nuevos límites de crédito [se estimula un máximo de deuda y si se supera se renegocian las condiciones]. Estas medidas, que están funcionando, son la base de nuestras actuales negociaciones con las autoridades y del enorme esfuerzo por encontrar una solución”. Entre las comunidades en las que estos contactos son más intensos están Andalucía, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Además, el sector, aunque inquieto, está ahora en un periodo de transición a la espera de los Presupuestos, que previsiblemente se presentarán en marzo, después de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Los cálculos son que aunque la facturación a los hospitales públicos no aumente (el año pasado creció solo un 1,1%, hasta los 4.426 millones), la deuda seguirá creciendo y demorándose su pago (está en una media de 525 días, aunque una decena de hospitales duplican este periodo).
Por eso, su esperanza está en que el Gobierno fije algún tipo de medida para que las comunidades reduzcan su deuda —o que no la aumenten—. Una de ellas podrían ser los créditos ICO, que tienen el inconveniente (y así lo manifestaron varias comunidades el año pasado, cuando la exministra Elena Salgado lo propuso) de que incrementa la deuda autonómica. La otra es la titularización de la deuda. Esto quiere decir que sería el Gobierno central el que avalaría las cantidades pendientes de pago por parte de las comunidades.
Pero Roche no es la única empresa que estudia medidas de presión para asegurar el cobro. Sanofi también ha advertido de que podría tomar medidas, aunque en otro sentido. Según el presidente de su delegación en España, Marc-Antonie Lucchini, la compañía prefiere presionar de otra manera. “Nos podemos replantear inversiones en España”, ha dicho en una entrevista al diario económico Cinco Días.
La situación de esta multinacional franco-alemana es mejor que Roche, simplemente porque sus ventas son mucho menores: aproximadamente unos 50 millones al año. Claro que la deuda, que está entre 150 y 200 millones, es grande proporcionalmente.
La amenaza de la reducción en inversión en I+D la ha manifestado Lucchini, pero es general del sector. En un encuentro con medios de comunicación el pasado viernes en Almagro (Ciudad Real), al que acudió invitado EL PAÍS, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, la patronal del sector, ya utilizó ese argumento. Y es que el sector es puntero en I+D privado: supone aproximadamente el 20% de lo que se dedica a este capítulo en España, como dijo el director técnico de Farmaindustria, Emili Esteve. En los últimos tres años, pese a la crisis, el sector ha mantenido la inversión por encima de los 1.000 millones de euros, pero aumenta la probabilidad de que esto disminuya. Y se trata de un sector que solo en empleos directos representa a unos 4.000 trabajadores, con la característica de que está muy feminizado y muy especializado, con prácticamente un 75% de titulados superiores.
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